El juez del Supremo evaluará la actitud de los exconsellers para determinar su libertad con fianza
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quiere evaluar si el arrepentimiento de los 8 exconsellers encarcelados «es real» y el acatamiento del artículo 155 de la Constitución y la renuncia a la Declaración Unilateral de Independencia, DUI, «no se limita a un escrito».
El instructor de la Sala Segunda del Alto Tribunal ha citado este viernes a los 8 exmiembros del Govern y a ‘los Jordis’, después de que todos ellos presentaran su petición de libertad en los últimos días. Los investigados han recurrido a diferentes fórmulas, con muchos matices, para acatar el artículo 155 y mostrar su renuncia a la DUI. Entre ellas, el acatamiento «por imperativo legal».
El exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundò y Dolors Bassa permanecen encarcelados desde el pasado 2 de noviembre en la prisiones madrileñas de Estremera y de Alcalá Meco, tras declarar ante la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
Los 8 exmiembros del Govern están siendo investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. Por su parte, los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ingresaron en la prisión de Soto del Real el 16 de octubre por un presunto delito de sedición, tras comparecer también ante la magistrada Carmen Lamela.
Las fuentes consultadas indican que la citación de este viernes del juez del Supremo tiene como principal objetivo acreditar personalmente «el arrepentimiento real» de los encarcelados de cara a fijar una posible libertad con fianza.
El instructor del Supremo quiere comprobar cara a cara «la actitud y predisposición» de los presos preventivos, ya que no es suficiente acatar el artículo 155 y renunciar al independentismo unilateral a través de «un escrito firmado por una tercera persona», es decir, por sus abogados.
La libertad bajo fianza para los 10 investigados dependerá por tanto de su colaboración con la justicia, si declaran ante el juez y responden a las posibles preguntas que se les formulen desde la Fiscalía. No se descarta que el propio juez realice una misma pregunta a los investigados para comprobar su «arrepentimiento».
También se valorarán por supuesto los 3 preceptos que justifican la prisión provisional: «riesgo de fuga, reiteración delictiva o destrucción de pruebas». «Todas las hipótesis están abiertas», concluyen.
La Fiscalía mantendrá la prisión
La Fiscalía del Tribunal Supremo no se plantea modificar la petición de prisión incondicional que propusieron en su día sus colegas de la Audiencia Nacional para los miembros del Govern encarcelados.
El Ministerio Público “escuchará a los investigados”, pero salvo “cambios muy sustanciales” mantendrá la petición de prisión. “El supuesto acatamiento del artículo 155 de la Constitución no será suficiente para modificar las medidas cautelares impuestas” señalan las fuentes consultadas.
La Fiscalía considera que “el riesgo de fuga y sobre todo de reiteración delictiva no ha cambiado”, ya que parte del “Gobierno sedicioso catalán y el propio expresidente Carles Puigdemont aún continúan fugados en Bruselas”.
Además, el Ministerio Fiscal considera que “la denominada ‘vía Forcadell’ es un paripé” y que «los presuntos delitos cometidos no han dejado de existir”. Por último, recuerdan que durante la vista de este viernes «la Fiscalía tendrán un papel secundario ya que los investigados tendrán que hablar y el juez Llarena tendrá que decidir”.
Forcadell y la Mesa ante el Supremo
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decretó el 9 de noviembre el ingreso en prisión bajo fianza de 150.000 euros para la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, tras su declaración. Forcadell abandonaba la cárcel al día siguiente, tras hacer efectiva la fianza.
También decretaba libertad con fianza de 25.000 euros, para abonar en una semana y evitar la prisión, para Lluís Maria Corominas (exvicepresidente primero de la Mesa), Lluís Guinó (exvicepresidente primero de la Mesa) y Anna Simó (exsecretaria primera de la Mesa), Ramona Barrufet (exsecretaria cuarta de la Mesa). Por último, decidía libertad provisional sin medidas cautelares para Joan Josep Nuet (exsecretario tercero de la Mesa).